Ley de Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico

El día 12 de octubre del 2002 entró en vigor la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Correo Electrónico (LSSICE).

De acuerdo con esta Ley debe inscribirse como mínimo un dominio de Internet y dirección electrónica principal (si existe) en el Registro Mercantil u organismo pertinente.Si existen más dominios a nombre de un mismo titular no hace falta la inscripción de todos ellos.Este trámite puede tardar unas 3 semanas y sólo es obligatorio en caso de que se trate de una sociedad, asociación, fundación o cualquier otra entidad inscrita.

El coste de esta tramitación es variable entre 45 € y 95 € + iva dependiendo del organismo donde deba realizarse la inscripción ya que los requisitos son distintos.

Si desea más información o que realicemos este trámite puede dirigirse a nuestros datos de contacto al tel. 902.501.208 o al email info@redbiz.com  donde le atenderemos gustosamente.

NORMATIVA Y SANCIONES LEY LSSICE

¿Me afecta la LSSICE?¡
La LSSICE establece que una página web será un servicio de la sociedad de la información y, por tanto, estará sujeta a la misma en caso que constituya una actividad económica para el prestador, aunque ofrezca servicios no remunerados.

En caso que se disponga de cualquier medio de ingresos gracias a la página web, será de aplicación la LSSI(CE, aunque no se ofrezcan servicios de comercio electrónico propiamente dichos, por ejemplo, publicidad a través de “banners”.

¿Qué son los Servicios de la Sociedad de la Información?

Todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición del destinatario. En esta definición deben añadirse los servicios que, aunque no sean remunerados directamente por el destinatario, constituyen una actividad económica para el prestador del servicio, como disponer de una página web donde se informe de los productos o servicios que ofrece una empresa o profesional.

También son Servicios de la Sociedad de la Información:

  • La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
  • La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados i centros comerciales virtuales.
  • La gestión de compras en la red por grupos de personas.
  • El envío de comunicaciones comerciales o correos electrónicos publicitarios.
  • El suministro de información por vía telemática.
  • El vídeo precio pedido y, en general, la distribución de contenidos previa petición individual (por ejemplo, la descarga de archivos de audio)

¿Necesito autorización previa para ofrecer Servicios de la Sociedad de la Información?

La LSSICE establece un régimen de libre prestación de servicios en España para prestadores de servicios de la sociedad de la información. Es decir, la prestación de este tipo de servicios no implicara la obtención de una autorización prévia.

¿Cómo adapto mi página web a la LSSICE? 

Para adecuar una página web a la LSSICE, será necesario que se realicen algunos cambios, la mayoría encaminados a introducir más información a fin de dar garantías a los usuarios o clientes:

1.- Obligaciones genéricas de información:

1.1 Comunicar al Registro Mercantil o al Registro Público donde se encuentre inscrito el titular de la página web, el nombre del domino y las direcciones de correo electrónico utilizadas con carácter permanente.

1.2 Incluir en la página web la siguiente información general sobre su titular:

  • Nombre o denominación social; residencia, domicilio o dirección de establecimiento permanente en España; dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer contacto de forma directa y efectiva.
  • Datos de inscripción registral.
  • En caso de que la actividad realizada esté sujeta a aujtorización administrativa previa, deberán constar los datos relativos a la autorización y la autoridad que la haya emitido.
  • El número de identificación fiscal correspondiente.
  • Información clara y exacta del precio del producto o servicio, indicando los impuestos correspondientes y los gastos de envío, en su caso.
  • Los códigos de conducta a los que esté adherido, y la manera de consultarlos electrónicamente.

Esta obligación se considera satisfecha en caso que la información esté accesible en la propia página web. A estos efectos, también sería recomendable la inclusión de un enlace claro, inequívoco y directo para poder acceder a dicha información.

Sanciones en caso de incumplimiento: multa de hasta 30.000 euros.

Excepción: incumplimiento de los puntos1.2 i/o 1.2.4; multa de entre 30.001 y 150.000 euros.

2.- Obligaciones en caso de ejercer una profesión regulada

En caso de ejercer una profesión regulada deberá incluir, además de la información general anteriormente detallada, información sobre el profesional que ofrece los servicios:

  • Datos del colegio profesional al que pertenece y número de colegiado.
  • Título académico oficial o profesional que ostenta.
  • El Estado de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo donde se expidió el título mencionado y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.
  • Las normas profesionales por las que rige el ejercicio profesional y donde pueden consultarse dichas normas.

 3.- Inclusión de las condiciones generales de la contratación

Con anterioridad al inicio del procedimiento de contratación, el prestador de los servicios pondrá a disposición del destinatario las condiciones generales de contratación, de manera que el interesado pueda almacenarlas o reproducirlas. Las condiciones deberán figurar en lugar visible y accesible fácilmente.

Sanciones en caso de incumplimiento: multa de entre 30.001 y 150.000 euros.

 

4.- Obligaciones relativas a la contratación

En caso que desde la página web se puedan contratar productos o servicios, la LSSICE establece que deberá incluir determinada información durante el proceso de contratación:

4.1 Información previa al inicio del procedimiento de contratación.

  • Trámites que se deben seguir para la suscripción del contrato.
  • Si se archivará o no el documento electrónico donde se formalice en contrato.
  • Medios que se ponen a disposición del usuario para identificar y modificar posibles errores en la introducción de datos.
  • Idioma o idiomas en los que se podrá formalizar el contrato.

4.2 Obligaciones posteriores a la suscripción del contrato:

  • Envío de acuse de recibo en el plazo de 24 horas posteriores a la suscripción del contrato o
  • Confirmación  que se ha recibido la aceptación de la oferta realizada. En este caso, esta confirmación se debe poder archivar.

Sanciones en caso de incumplimiento: multa de hasta 30.000 euros.

5. Lugar y momento de suscripción del contrato

En aquellos contratos en los que intervenga un consumidor, se presumirá inscrito en el lugar donde el consumidor tenga su residencia habitual. En el caso que los dos contratantes sean empresarios, estarán donde estipulen las partes y, en su defecto, en el lugar donde esté establecido el prestador del servicio.

El momento de perfección del contrato será cuando el remitente reciba la aceptación del destinatario.

 

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la LSSICE?

La LSSICE sse aplicará a los servicios de la sociedad de la información en los siguientes casos:

  • Prestadores de servicios establecidos en España o que tengan un establecimiento permanente.
  • Prestadores de servicios establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea (UE) o el Espacio Económico Europeo (EEE), en determinados casos.
  • Prestadores de servicios establecidos en un estado no miembro de la Unión Europea (UE) o el Espacio Económico Europeo (EEE), en determinados
  • asos.

¿Cuándo no se aplica la LSSICE?

La LSSICE recoge una relación expresa de servicios de servicios que no serán de aplicación a la Ley:

  • Servicios prestados por notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  • Servicios prestados por procuradores y abogados en el ejercicio de sus funciones de representación y defensa en juicio.

¿Puedo utilizar el correo electrónico para finalidades comerciales?

El envío de correo electrónico con fines promocionales está expresamente prohibido con la nueva regulación, salvo si:

  • Existe el consentimiento expreso del destinatario.
  • Se dispone de medios para que el destinatario pueda revocar en cualquier momento su consentimiento.
  • Todas las comunicaciones comerciales van encabezadas con la palabra “Publicidad”.

Sanciones en caso de incumplimiento: multa de hasta 30.000 euros.

Excepción: Si el envío no autorizado se produce tres o mas veces durante un año; sanción de entre 30.001 y 150.000 euros.

¿Es válido un contrato realizado electrónicamente?

La LSSICE equipara los contratos electrónicos a los contratos suscritos por las vías tradicionales. Por tanto, los contratos suscritos por estos medios obligarán a las partes que los firmen y podrán constituir prueba en un juicio, además de producir las consecuencias habituales ligadas a los contratos tradicionales.

En caso que, por la validez de un contrato, se exija de forma escrita, se entenderá que este requisito se cumple si el contrato se suscribe electrónicamente. Asimismo no será necesario que las partes acepten previamente la validez de esta forma de contratación.

¿Puedo ser responsable de los contenidos ajenos a los que dirija mi página web?

Los prestadores de servicios únicamente serán responsables de los contenidos que ellos mismos elaboren o que hayan sido creados por su cuenta. En caso que los enlaces situados en una página web remitan a contenidos que puedan atentar contra los derechos de terceros, el propietario de la página de origen no será responsable si:

  • No tiene conocimiento de los contenidos de las páginas web a las que remite, pudiendo atentar contra los derechos o bienes de terceros susceptibles de indemnización.
  • En el momento de conocer esta circunstancia, actúa con la debida diligencia para suprimir o eliminar el enlace correspondiente.

 

¿Qué órgano competente puede interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información? ¿Quién puede cerrar una página web?

Los órganos jurisdiccionales serán los que podrán adoptar las medidas necesarias para interrumpir la prestación de un servicio.

Las medidas adoptadas pueden consistir en ordenar la interrupción de la prestación del servicio, retirar la información o impedir su acceso, en caso que se vulnere uno de los siguientes principios:

  • La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional.
  • La protección de la salud pública o de las personas físicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
  • El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social.
  • La protección de la juventud y de la infancia.

En cualquier caso, se deberá respetar y proteger el derecho a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales y a la libertad de expresión y de información.